Los políticos pueden hacer lo que quieran, sin que tengan que vivir las consecuencias - esto es lo que mucha gente piensa, y lo expresa en la calle este día de la huelga general. Es verdad que es preocupante que políticos corruptos sigan en su cargo, e incluso se reeligan. Muchos años parecía entonces que los políticos eran más listos que las leyes, que seguían con sus fortunas aún después de haber sido imputados por fraude fiscal, y que de verdad la sociedad estaba impotente ante esta clase política sin alternativas.
Sin embargo, esto empieza a cambiar ahora. El escándalo provocado por la tragedia de Madrid Arena ya cobra primeras víctimas políticas: ayer, Pedro Calvo, concejal de Economía y Empleo en Madrid, ha sido imputado por el juez Eduardo López Palop. Pocas horas después, Calvo dimitió de todos sus cargos en el Ayuntamiento.
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Como Concejal de Economía y Empleo, Calvo actuaba como presidente de la empresa Madrid Espacios y Congresos, ente que había alquilado el recinto Madrid Arena a la empresa Diviertt para la fiesta de Halloween en la que murieron cuatro chicas. Además, Calvo ocupaba los cargos de portavoz del Grupo Popular madrileño, y de Tercer Teniente Alcalde. También fueron imputados en el caso el gerente de Diviertt, Miguel Ángel Flores, y los responsables de las empresas de seguridad SegurIber y Kontrol 34.
Parece que la muerte de cuatro personas es un hecho difícil de ignorar, que implica una amplia investigación judicial durante la cuál será difícil para los políticos disimular sus responsabilidades. Así mismo, la tragedia podría cobrar más víctimas políticas a lo largo de la investigación, entre las cuáles podrían estar Ana Botella, Alcalde de Madrid, cuyo Ayuntamiento conocía los defectos de seguridad del pabellón, y hasta el actual Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Éste último salió en defensa de Calvo, sin embargo también Gallardón estaba implicado en el caso, al saber de los fallos de seguridad del recinto. Había pedido una licencia porque quería vender Madrid Arena en 2009, cuando aún era alcalde de la capital. Esta licencia fue denegada por los conocidos fallos de seguridad del recinto.
En todos estos hechos no hay que olvidar el rol fortalecido que presenta el poder judicial en estas últimas semanas. El poder judicial se ha hecho oír en el tema de los desahucios, y también le contradicho al mismo Gallardón al declarar el matrimonio homosexual constitucional. Sería favorable que el poder judicial siga en esta línea, defendiendo los derechos de la población civil frente a algunas ideas y acciones de la clase política que infringen estos derechos, como el a la vivienda adecuada o a la misma vida.
Este desarrollo se da no solamente en España. En Alemania este año el Constitucional es el ojo de mira de la política, al decidir sobre leyes importantísimas como la nueva ley electoral alemana (inconstitucional) o el mecanismo europeo de estabilidad, cuestiones en las cuáles el gobierno para haber perdido su función. En su conjunto, parece que el Constitucional alemán en 2012 ha tenido más implicación que nunca en el día a día político.
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